En riesgo la seguridad jurídica de cientos de inmuebles
14 de enero de 2001

PROCESO

A pesar de los candados impuestos y de los constantes cambios de funcionarios, ni Cuauhtémoc Cárdenas ni rosario Robles pudieron con las mafias enquistadas en el Registro Público de la Propiedad. Organismo encargado de guardar el patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.

En 1997, su primer director, Raúl Castellano, encontró que parte importante de la historia inmobiliaria de la metrópoli se hallaba destruida total o parcialmente, pues muchos de los registros habían sido extraviados, mutilados o estaban incompletos. Lo más grave fue que se encontró información y documentación alterada o apócrifa (Proceso 1142)

Ante el desorden, Castellano emprendió un ambicioso “programa de modernización” orientado a cerrar las puertas a la corrupción y salvaguardar el acervo documental.

Sin embargo, nunca pudo meter en cintura a las mafias y dejó el mismo desorden, dice Jaime Laguna Berber, exdirector jurídico del Registro.

Laguna Berber, exmilitante de la Liga 23 de Septiembre y que actualmente trabaja en una empresa consultora, dice que Cárdenas “no hizo nada por combatir la corrupción en el Registro Público de la Propiedad y se limitó a nadar de muertito”.

Con la salida de Cárdenas, Castellano fue relevado, lo mismo que buena parte de los cuadros que trabajaron a su lado, por instrucciones de Rosario Robles. Su lugar fue ocupado por Adulfo Jiménez Peña, aunque quien llevó las riendas de la institución fue el entonces consejero jurídico de la jefatura de Gobierno. Manuel Fuentes.

Espantados por el grado de impunidad con que se movían las mafias dentro del registro. Robles y fuentes decidieron proceder penalmente contra empleados, “coyotes” y funcionarios involucrados en actos de corrupción.

También se organizó una red interna de funcionarios para detectar la documentación apócrifa, lo que, según Laguna, generó la inmediata reacción de las mafias que ofrecieron dinero a cambio de su silencio. El personal que rechazó la oferta fue amenazada de muerte.

Dos meses antes de terminar la gestión de Rosario Robles, el entonces director del RPP denunció a trabajadores de base por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. En la averiguación previa UM/CEN/077/00-10 quedó asentado que los trabajadores modificaron ilegalmente el régimen de propiedad de inmuebles, simularon operaciones de compraventa de lotes, viviendas e hicieron adjudicaciones indebidas y legalizaron herencias y donaciones sin tener atribuciones para ello.

La comisión de estos hechos les dejó ganancias por no menos de 6 millones de pesos.

En su paso por el RPP, Laguna Berber pudo advertir, también la inseguridad jurídica de los registros de propiedad en la Ciudad de México, pues de los 10 millones de folios registrados se tienen evidencias concretas de por lo menos 5 mil folios duplicados o triplicados.

A penas unos días antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión del cargo, Laguna Berber denuncio que dentro de la red de complicidades en el registro Público se encontraban involucrados funcionarios gestores externos, “coyotes” y notarios públicos.

Entre estos últimos, identifico a tres : Raúl Sicilia Salgado, notario número 1 de Tula, Hidalgo, Rossina Rosas, notario número 1 de Chilapa, Guerrero, y Fernando Riva Palacio Inestrillas, notario número 15 de Ciudad Nezahuacóyotl.

No hay continuidad:

Con el cambio de administración, el Registro Público volvió a renovar a todo el personal directivo y uno de los que salió fue Jaime Laguna. Fue despedido sin recibir el pago correspondiente a la última quincena de diciembre, razón por la que, en el curso de esta semana, presentará una denuncia contra DGF ante las autoridades laborales correspondientes.

A la luz de su experiencia personal. Laguna lamenta que no haya continuidad en una de las áreas más importantes del GDF: “Si no hay continuidad, es imposible acabar con las mafias y poner orden. En lo que los nuevos funcionarios se empapan de los asuntos propios de la institución, los grupos de interés les pueden meter varios goles”.

Y cuenta que al poner al tanto nuevo director, Ricardo Molina, de la situación dentro del registro, éste decidió, sin más, despedirlo, como a muchos otros de los compañeros que llegaron en la etapa rosarista.

“Se está despidiendo a quienes frenaron la corrupción y se está dejando a los defraudadores, a los falsificadores”, insiste.

Laguna Berber explica que los trabajadores de base son los que falsifican, duplican folios, firmas y sellos; sustraen o mutilan información privilegiada, y adulteran antecedentes registrales, con lo que “ponen en riesgo la seguridad jurídica de cientos de inmuebles”.

En esas operaciones, relata, intervienen empleados de distintas áreas. Por ejemplo, en la inscripción de una escritura falta toma parte personal de la Oficialía de Partes, de Supervisión u el jefe de área que recibe y registra.

Según Laguna, las mafias se encuentran también dentro del acervo documental, donde se guardan libros de folios y microfichas. Aquí, dice, el principal problema es la duplicidad de folios que tienen su origen en la extracción de cartones y de libros.

Cuenta:
“Aquí se presentan casos en que una misma propiedad aparece registrada con dos folios distintos. Cuando el propietario quiere hacer alguna transacción, resulta que su casa ya había sido vendida.”

Los defraudadores forman parte de las mafias enquistadas en el Registro Público. Se trata de “abogados de banqueta”, que una vez que identificaron una propiedad, esté o no habitada, promueven juicios de prescripción, con la intención de apropiarse de ella. Esto ocurre, por lo general, en zonas precarias y representa 10% de las irregularidades detectadas dentro del RPP.

Recuerda que cuando se trató de microfilmar la información, personal del Registro metió información falsa, lo que impide tener la certeza jurídica de las propiedades registradas en el DF.

Ilustra con un caso:
“En una ocasión, una persona se presentó en el Registro con la intención de registrar en una sola escritura 34 propiedades. El solicitantes mostró la copia certificada de una microficha para acreditar la propiedad de los inmuebles y al tratar de cotejar la información en libros, resultó que las hojas del mismo habían sido arrancadas.”

Es obvio, dice Laguna, que hubiera alguien que entregó indebidamente copia certificada de la microficha y otro que arrancó las hojas del libro.

Y ofrece un dato que da idea del dinero que se mueve, por fuera, en la institución. Sólo por falsificación de escrituras al mes, las mafias obtienen no menos de 40 millones de pesos.

“Entre la falsificación de folios, la destrucción de hojas grises y la cancelación de operaciones en la red del sistema estamos hablando de cantidades impresionantes.

Cuestiona finalmente:
“¿Por qué si López Obrador hablo de aprovechar a la gente de izquierda, comprometida con su trabajo, prometió evaluar de manera individual el desempeño de los empleados y aseguró que se haría valer, ahora sí, la Ley del Servicio civil de Carrera, lo único que hace es poner en la calle a la gente que sirve y deja a los ladrones dentro?”